Las protestas que se dieron en Panamá a fines de 2023 en contra del contrato minero no tienen parangón en las últimas décadas. Miles de personas protestaron en las calles por más de 40 días hasta que dicho contrato firmado entre el gobierno liderado por el ex presidente Laurentino Cortizo y la filial local de la canadiense First Quantum Minerals fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema del país a fines de noviembre de 2023.
Los manifestantes fueron reprimidos por la Policía, algunos de ellos incluso fueron judicializados y tildados de “secuestradores” y “terroristas”. Bastó una conferencia de prensa en la que la vocera de un gremio empresarial de Tierras Altas –luego empleada, abiertamente por la minera– espetara los calificativos en contra de los manifestantes para que los medios de comunicación empezaran a replicarlos preparando el terreno para la criminalización de la protesta.
Los nombres y rostros de los acusados salieron en los periódicos antes de que se admitiera la demanda, lo que también hizo de forma express el Ministerio Público, sin pruebas de que un cierre de calles pudiese constituir un acto de “terrorismo”. Este no es el único caso: los lancheros y pescadores de Donoso, distrito donde operó la mina hasta fines de 2023, fueron denunciados penalmente por la propia empresa por supuestamente “bloquear” su actividad, refiriéndose a las protestas que en ese contexto realizaron frente al puerto de Punta Rincón.
Ahora bien, la táctica de criminalizar a ambientalistas y manifestantes y culparlos de las pérdidas económicas que genera el corte de vías no es exclusiva de Panamá. Un grupo de activistas del clima que protestaron en Alemania fueron tildados por un político de derecha, Yet Schläffler, como «terroristas» y eventualmente el colectivo fue catalogado como grupo terrorista, pidiendo al gobierno alemán que los investigara como tal. Luego, medios repetían la narrativa para justificar la acción represiva que utilizó la policía para neutralizar la protesta: sacaron de la calle a los manifestantes arrastrándolos por los cabellos, tal como reseñó DeSmog.
¿Cómo un político logró influenciar la acción de la policía y por qué su interés en reprimir protestas pacíficas de ambientalistas?¿Era pura casualidad? Según la investigación del medio arriba mencionado, el político alemán había creado poco antes una ONG llamada The Prometeus Institute, que está ligada a la Red Atlas, la pieza madre de una cadena de organizaciones que aglutina a más de 500 think tanks en todo el mundo que se dedican a esparcir ideas de derecha, de libre mercado, individualismo y aminoramiento de los Estados, pero están financiados en gran parte por la industria fósil, la extractiva, el complejo militar industrial y los intereses financieros imperiales. Justo los intereses contra los que protestan los pueblos en la mayoría de los países.
De esta manera, el trabajo ideológico del político alemán no se redujo a esa esfera, sino que utilizó su influencia para impulsar ideas alineadas a su fundación y a los intereses extractivos contra los que protestaban los manifestantes. Una táctica similar a la que usaron los empresarios de Tierras Altas, que aunque no se encontró que tengan afiliación directa a la Red Atlas, sí se pudo constatar que la entonces “vocera” de dichos empresarios pasó a trabajar directamente con la empresa minera contra la que protestaron los manifestantes.
De esta manera, la estrategia de criminalizar a defensores ambientales y manifestantes en general es parte de la estrategia que implementan las transnacionales que, junto a los Estados que les sirven, adaptan a cada contexto y caso. Los think tanks de la Red Atlas actúan como difusores –o justificadores- de esta criminalización en nombre de la libertad y el progreso. Esta criminalización en el discurso abre la puerta para el escalamiento de esa violencia al plano físico, el ataque, asesinatos, políticas de amedrentamiento y terror, tanto estatales como privados a manos de mercenarios o de propios funcionarios. Las cifras son reveladoras de este mal: 2,106 defensores/as ambientales han sido asesinados entre 2012-2023 según estima Global Witness.
¿Qué es la Red Atlas?
La Red Atlas –Atlas Network en inglés– se fundó oficialmente en 1981, pero su gestación se remonta a la década del 50 cuando el británico Antony Fisher, proveniente de una familia con fuertes intereses mineros, fundó el Instituto para Asuntos Económicos en el Reino Unido. Como explica DeSmog en su radiografía de la red, a Fisher lo movió la llegada del Partido Laborista al poder, algo que chocó con su convicción neoliberal. Por otro lado, su acercamiento al economista austriaco Friedrich Hayek lo encaminó a elegir “el campo del debate de las ideas” en vez de incursionar directamente en la política.
Es así como Fisher impulsó las ideas que llevaron eventualmente al ascenso del conservadurismo político y libertarianismo económico de Margaret Thatcher, a partir de lo cual se embarcó en la creación de varios institutos alrededor del mundo. El primero de los que creó fuera de su país fue el Instituto Fraser, en Canadá, que también tiene entre sus donantes a trasnacionales mineras. Luego creó en 1976 el Centro de Estudios Independientes en Australia con la ayuda del magnate de medios Rupert Murdoch.
La investigación de DeSmog lista otras organizaciones afiliadas creadas antes y después de la consolidación de la red Atlas, tales como el Instituto Adam Smith, el Manhattan Institute, Pacific Research Institute, el Instituto Cato, el Instituto Heartland, la Heritage Foundation y el American Legislative Exchange Council, entre otras.
¿Quiénes sostienen financieramente a estos think tanks? El medio alemán encontró que el primer gran donante que reclutó Fisher fue la petrolera Royal Dutch Shell, seguido por la British Petroleum (BP). Una larga lista de compañías de industrias extractivas como la minería, el agro negocio, los fertilizantes, bancos, fondos de inversión y Wall Street.
Luego, los pensadores de estos think-tanks circulan las ideas neoliberales que benefician a la industria fósil, minera, extractiva, financiera o de otra índole que es la que provee el dinero directa o indirectamente según sea el caso. El otro pilar narrativo que difunden es el del progreso, pero entendido como la expansión infinita de la ganancia a costa de la materialización de la naturaleza -tierra, agua, minerales, etc- reducida a ser materia prima.
Julia Steinberger, de Rebelión Científica explica que la Red Atlas difunde sus ideas liberales a través de la creación de alianzas políticas legales, mediáticas, relaciones públicas y lobby que crean el ambiente político y mediático favorable a partidos políticos con planes económicos de corte neoliberal. En cuanto a la comunicación –añade la científica– el objetivo de su mensaje es crear un ambiente de cuestionamiento a la democracia y los procesos financiados con dinero público –la narrativa de la corrupción de funcionarios beneficia la entrega de recursos a la “eficiente empresa privada” – para volcarlos luego a manos privadas que lucran con ellos ya sea como propietarios, intermediarios o concesionarios.
También añade la científica, quien ha estudiado a fondo la red, que la “batalla de ideas” de los think tanks de la Red Atlas y sus miembros incluye ejercer influencia en los periodistas, influencers, estudiantes, jóvenes, nuevos políticos, funcionarios en ejercicio y la llamada “sociedad civil” en general, que luego ejerce el poder para presionar al gobierno en distintas ramas de la vida pública, al tiempo que alimenta con sus ideas a políticos jóvenes, universitarios y población en general. Más adelante veremos cómo lo hacen.
El mantra que impulsa el libertarianismo es que mientras menos se intervenga en el mercado, este será más efectivo. En la práctica, los libertarios no rechazan por completo el control estatal, sino que redireccionan su función al arbitraje, el diseño legal, la implementación de políticas -siempre y cuando sean beneficiosas para ellos- y el uso de la fuerza a través de entes policiales y militares para suprimir el descontento popular.
“El estado de bienestar es el camino a la servidumbre” es la máxima de Hayek que impulsan los think tanks de la red Atlas. No es casualidad ni mera premisa personal de sus adeptos, sino el sustento ideológico-político que da cara a la política neoliberal y justifica su recrudecimiento.
Red Atlas: ¿Qué hacen, cómo y por qué lo hacen?
Una revisión de su página web da cuenta de la estrategia formal de la Red para esparcir sus ideas en el mundo. Su misión es “promover la libertad individual, la libre empresa y la cooperación voluntaria” con el objetivo de “prevenir la pobreza futura”, filosofía que sustentan en el ideal de Sir John Templeton.
La visión de la red es desgranada así: un mundo libre, próspero, con libertad individual, prosperidad privada, gobierno limitado, libre mercado y el imperio de la ley.
Para impulsar estos objetivos, tienen toda una estrategia trazada que incluye desde seminarios hasta premiaciones, pasando por foros, mentorías y becas. También realizan eventos anuales como el Liberty Forum, Freedom Dinner y Freedom Champion.
El pilar de influencia más notorio es justo el de las ideas, que difunden con artículos de opinión, estudios o charlas. Pero su influencia no se limita a la esfera civil, académica o mediática en todos los países. En algunos de ellos, los miembros de la conexión local son políticos activos o bien funcionarios del Ejecutivo o el Legislativo.
En Estados Unidos, por ejemplo, algunos de estos think tanks niegan abiertamente el cambio climático y la crisis ecológica. El Heartland Institute, por ejemplo, que apoya abiertamente al reelecto presidente estadounidense Donald Trump y que hace parte de la red Atlas, niega abiertamente el cambio climático con premisas radicales que van desde la negación del aumento del nivel del mar como efecto directo del cambio climàtico y el supuesto “beneficio” del aumento de las temperaturas para los cultivos hasta la afirmación de que los corales crecen mejor en aguas con altas temperaturas y de que las altas temperaturas alcanzadas actualmente son inferiores a las experimentadas en la década de 1930. Estas ideas fueron rebatidas por el servicio de Fact-checking de la agencia de noticias AFP.
El poder político y mediático que ejercen los think tanks de la Red Atlas, especialmente en Estados Unidos, tiene un gran impacto en la conducción de los gobiernos ante políticas relacionadas a la crisis climática y ecológica. El Instituto Cato, por ejemplo, que financian los multimillonarios hermanos Koch, tenía una oficina especial dedicada a sembrar dudas sobre la crisis climática, hasta que llegó un momento en que la cerraron sigilosamente.
Aun así, siguen sembrando la duda de la efectividad de las políticas que cualquier Estado pueda tomar para aminorar los efectos de las altas temperaturas. Citando su página web, dicen engañosamente que “aunque hay muchas propuestas legislativas diferentes para reducir sustancialmente las emisiones de dióxido de carbono, no existe un conjunto de tecnologías operativas o probadas que puedan lograr los objetivos de dicha legislación” sin tomar en cuenta que la tecnología es solo una arista del amplio espectro de cambios requeridos para alcanzar un mundo sustentable.
Conexiones en Panamá
En Panamá se detectaron nexos de la Red Atlas con la Fundación Libertad, que si bien no tiene una página web oficial, sí tiene presencia en redes sociales como Facebook, un micro sitio para acumular los artículos de opinión que publican sus miembros y un boletín periódico intitulado Perspectiva Liberal, que distribuyen por sus redes sociales.
La Fundación Libertad no debe confundirse con la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que es el capítulo panameño de Transparencia Internacional ni con la Fundación Democracia y Libertad, gestora del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. Estas últimas tienen fines específicos y no comparten directores ni miembros con la Fundación Libertad según la revisión bibliográfica que hizo Ya Es Ya para esta publicación.
De acuerdo a uno de sus comunicados, la Fundación Libertad nació a la vida jurídica el 18 de mayo de 2001, y a través de su trayectoria “ha servido como faro de libertad”, listando espacios como el Freedom Hour, el Congreso Anual Justo Arosemena, talleres y seminarios con los que han llevado “formación cívica” a jóvenes y adultos, “trayendo a la palestra temas sensitivos para la defensa de las libertades y la democracia”.
El Instituto Cato, mencionado previamente y miembro también de la Red Atlas, la describe como una «fundación panameña cuya misión es el aprendizaje, la enseñanza, defensa y difusión de los principios y los espacios de libertad individual para que exista, florezca y perdure una sociedad de personas libres y responsables”. Cabe recordar que el Cato es un think tank libertario con sede en Washington fundado en 1977 que se auto describe como un «centro de investigación de políticas públicas no partidista».
Además de la red Atlas, las conexiones de la fundación panameña en los más de 20 años que tiene de trabajo incluyen alianzas con organizaciones internacionales como la Fundación Friedrich Naumann, la Fundación de Análisis y Estudios Sociales, el American Institute for Economic Research, la Alianza para Centroamérica y la Red Liberal de América Latina. Hasta 2020 habían enviado siete becarios a estudiar a la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) fundada y presidida por el expresidente español José María Aznar para “nutrir el pensamiento del centro liberal reformista con propuestas políticas que influyen en la toma de decisiones y repercuten en la opinión pública”, además de otros 15 alumnos a la Academia Internacional de Liderazgo en Gummersbach, Alemania y han influido en más de 200 jóvenes en el Congreso Anual Justo Arosemena que realizan en Panamá.
Infiltración universitaria
La Universidad de Panamá tiene una tradición importante en la participación y formación de líderes sociales y comunitarios, esencia que emana de la fundación de dicha casa de estudios y su visión de formación de profesionales con espíritu crítico.
Una de las tácticas de las organizaciones de grandes empresarios, así como de fundaciones libertarias, es crear células de grupos estudiantiles que respondan a intereses fundamentados en sus preceptos ideológicos.
En esa línea, entre 2018-2019 empiezan a organizarse formalmente en la Universidad de Panamá grupos estudiantiles bajo la figura de think thanks universitarios, siendo la Asociación por la Libertad uno de ellos. Este grupo está integrado por estudiantes de la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas y de la Facultad de Economía, principalmente.
Entre los miembros hay nombres como Rúben Amadeus-Amata, cercano a Bryan Townshend, quien es hoy asesor económico del Consejo Nacional para la Empresa Privada (CONEP), al igual que el actual Diputado del 8-5, Neftalí Zamora y José Jauregui, quienes están relacionados directamente con la FL.
Estudiantes universitarios han dado testimonios acerca de cómo los espacios de debate, como los gestados en la Asociación Panameña de debate (ASPADE), que en sus redes sociales se identifica como “una asociación sin fines de lucro, debidamente constituida, que tiene como objetivo impulsar el debate como un instrumento facilitador para dinamizar y fortalecer nuestra educación” han servido a la vez como espacios de reclutamiento para estos think tanks.
Una de las experiencias más visibles de estos grupos estudiantiles autoproclamados libertarios se dio luego de pasadas las elecciones en la Universidad de Panamá, específicamente en centros y asociaciones estudiantiles, donde surgió el Movimiento Estudiantil Liberal quienes ganaron la representación del Centro de estudiantes de la Facultad de Economía.
Lo anterior no escapó de acusaciones mutuas y denuncias de infiltración de personas que no eran estudiantes. Esto no está ocurriendo en las sombras; al contrario. Las redes sociales han sido clave para estos nuevos escenarios.
La toma del Centro de Estudiantes de Economía por parte del grupo libertario se inauguró cuando en un acto cuasi vandálico borraron un mural de dicha facultad, mural que estaba reconocido como patrimonio de la Universidad de Panamá y cuyo relato artístico estaba situado en las luchas generacionales por la recuperación de la soberanía de nuestro país, así como en el pensamiento de grandes intelectuales.
El MEL también participó en las consultas ciudadanas del proyecto de ley 163 que reforma ley 51 de la Caja de Seguro Social. En una sesión se ve a Francisco Rodríguez Villarreal, alias Tonkazttzu, quien al principio omitió dar su nombre real, fue algo ambiguo en cuanto a su planteamiento pero haciendo apología abierta a la individualidad, el pilar ideológico de los libertarios.
¿Qué ideas impulsa este think tank en Panamá?
Un pilar fundamental del libertarianismo es la batalla en el campo de las ideas y la comunicación. La expansión de las ideas la realizan organizando eventos, foros, entrenamientos, estudios y publicando artículos.
La Fundación Libertad (FL) tiene un boletín a través del cual propaga las ideas que se llama Perspectiva Liberal, que distribuye por sus redes sociales. Además, comparten libros como uno titulado Libertario en 30 días, que consta de una serie de artículos explicando desde el libertarianismo el papel del Estado, los derechos como el de asociación y el de sindicalización, además de cuestionar la propiedad colectiva y la educación pública. En resumen, este libro compartido por la FL es una ABC del individualismo para atraer a jóvenes construyendo una especie de ideología política con la que se conduzcan y conduzcan al Estado si llegan al poder.
En esa línea, uno de sus directores, el empresario y banquero –hoy asesor del Presidente Mulino- Roberto Brenes, reveló en esta entrevista a Radio Panamá que 85 candidatos de la Coalición VAMOS asistieron a una sesión en la cual ellos le explicaron el problema de la CSS. El objetivo –dijo en broma y en serio- era “lavarle el cerebro” a los jóvenes. A su lado estaba sentado el también empresario colonense Surse Pierpoint, quien actualmente preside la FL, y quien, citando al francés Federico Bastiat, recordó que “si no dejas que los bienes crucen las fronteras, los ejércitos lo harán”. Allí también reveló que la fundación tiene discípulos en VAMOS, entre ellos Javier Yap Endara, el nieto del expresidente Guillermo Endara,y otros dos candidatos cuyos nombres no se revelaron.
Surse Pierpoint, por su parte, es ex presidente de la Zona Libre de Colón y aspiró a una vicepresidencia con el precandidato Dimitri Flores, quien recogió firmas para optar por uno de las tres candidaturas de libre postulación, pero no logró su propósito. Sin embargo, el haber entrado en el escenario electoral da cuenta de que no limitan su esfera de influencia a lo mediático.
Durante la pandemia, la FL publicó el estudio “Medidas para afrontar la crisis en Panamá: innovación, desburocratización y transparencia” promocionado, en conjunto con la Red Atlas, directrices al gobierno del entonces presidente Cortizo para mitigar los efectos económicos de la pandemia. El manual: reducir el Estado, reducir trámites, desburocratizar, cortar el gasto público y fortalecer la institucionalidad.
Lo que no dice el estudio es que si algo mitigó el gobierno panameño durante la pandemia fue el impacto en las pérdidas de las empresas: flexibilizó el Código de Trabajo ocasionando la suspensión de trabajo y salario de más de un cuarto de millón de personas, entregó fondos a las constructoras para mitigar la caída en sus ventas y brindó garantías estatales a bancos privados, que a diferencia de casi todos los otros sectores de la economía, sí vieron crecer su liquidez y utilidades en este periodo según cifras de la propia Superintendencia de Bancos panameña.
Análisis de contenido
La FL colecciona secuencialmente sus artículos publicados en medios en una página web cuya dirección es la siguiente: https://linktr.ee/fundacionlibertad. El sitio organiza cronológicamente los artículos de opinión publicados en su gran mayoría en el diario La Prensa. Allí listan también sus comunicados, convocatorias, estudios y demás documentos que comparten.
Con el objetivo de perfilar las ideas que impulsa la Fundación Libertad en Panamá, se hizo un análisis de contenido de los mismos, que incluye hallazgos cuantitativos y cualitativos.
Entre los hallazgos cuantitativos tenemos que:
- Desde el 26 de octubre de 2020 (unos meses después de que se declarara la pandemia de Covid 19) han publicado más de 125 artículos de opinión. Desde la pandemia intensificaron la periodicidad de los mismos. También han publicado 7 comunicados y un estudio entre 2020 y octubre de 2024.
- De los 125 artículos de opinión publicados entre octubre de 2020 y octubre de 2024, 62 de ellos fueron firmados por miembros de la FL, otros 35 fueron escritos por “amigos” de la FL, 16 fueron escritos por alguno de los directores (Brenes (11) y Pierpoint (6) y el resto por el coordinador académico, la administradora y otros cargos no identificados. Siendo así, la relación que tiene la mayoría de los autores con la FL es como miembro, siguiéndo en segundo lugar la categoría de “amigo o amiga de la Fundación”.
Hay un periodo en que no se publicó ningún artículo, que se extiende de julio de 2022 a enero de 2023, lapso que coincide con las protestas masivas por el alto costo de la vida y la instalación de la mesa de diálogo en Penonomé, provincia de Coclé, entre trabajadores y el gobierno, mesa en la que los empresarios se negaron a participar.
El 89% de los artículos estudiados fueron escritos por hombres, lo que replica una tendencia político ideológico similar a otros países, en los que el neoliberalismo tiene la cara de un hombre blanco de más de 50 años.
En cuanto a los hallazgos cualitativos derivados de los temas abordados en dichos artículos, los cuatro que más concentran la atención de los autores son el de la libertad, que ocupó el 11.2% de los artículos, seguido por la corrupción, la seguridad social y la educación. También mantienen el tema de las finanzas públicas en la agenda, el mercado laboral, la política y la Constituyente.
En los primeros artículos de 2020, en el contexto de la pandemia y las excesivas medidas de encierro a la que fue sometida la población, los autores tendieron a criticar el establecimiento de un sistema de vigilancia sobre los ciudadanos con base en el estado de vacunación. También criticaron al gobierno de Cortizo por las excesivas medidas de control en la apertura y cierre de negocios, pero enfatizando más que en la libertad en la “necesidad” del gobierno de flexibilizar las leyes laborales para que “las empresas no quebraran”.
La presión de todo el gremio empresarial –del que la FL es solo una parte– surtió efecto: el expresidente Cortizo aprobó una ley que permitió a las empresas suspender a sus trabajadores, lo que ocasionó probablemente el shock más grande en el sector laboral que ha tenido el país en los últimos 30 años. Desde millones en cuotas obrero-patronales descontadas por las empresas y nunca pagadas al Seguro Social hasta más de 300,000 personas que quedaron en el limbo “suspendidas” sin derecho a salario, sin derecho a trabajar –por los cierres– y sin garantías de que la empresa estuviese abierta cuando ellos retornasen. Todo en medio de un sistema que no aseguró tampoco las licencias de maternidad de las trabajadoras ni la continuidad de la educación de muchos niños y niñas que dependían del salario de sus padres para estudiar, o el quiebre inducido de la demanda “de calle” que surte casi la mitad de la población para obtener el sustento diario.
A medida que se fueron abriendo las empresas entre 2020 y 2021, las ideas de los artículos fueron enfocándose en al menos tres coyunturas específicas: la reforma al sistema de pensiones, la reforma electoral y el tamaño del Estado, sin dejar de lado temas integrales como la corrupción, la “libertad”, el “libre mercado” y las políticas económicas.
En julio de 2022 estallaron en Panamá las protestas por el alto costo de la vida, disgusto que el gobierno atribuyó a la guerra en Ucrania sin hacer mea culpa alguna por los efectos de sus políticas, muchas de las cuales aún estaban vigentes en ese momento. Brenes, director de la FL, escribió en ese momento un artículo que inicia con este párrafo:
En los últimos 15 días hemos vivido una intensa y legítima protesta nacional. Pero a medida que se asienta el polvo del estallido, va quedando claro que las exigencias de fondo son, por más prebendas y por más Estado. Los de la mesa, como en el comedor del Titanic quieren el mejor puesto y el mejor vino. El gobierno, mesero hacendoso, ve cómo complace a cada uno, con la chequera ajena. Mientras tanto la nave del país, con una tripulación incapaz y distraída, va como el Titanic, de frente al témpano de la inviabilidad económica y política. (Brenes, Roberto. La Prensa. 25 julio 2022)
Sería válido cuestionar por qué esas “más prebendas y más Estado” que el autor atribuyó como “aspiración” de las personas que protestaron y de algunas organizaciones que estaban en ese entonces en la mesa de diálogo, no fue igualmente criticada por él cuando el mismo gobierno aprobó la Ley 122 que favoreció a un puñado de empresarios con millonarios con créditos fiscales vendibles. El enigma se aclara cuando se conoce que en ese puñado de favorecidas está justamente una de sus empresas, Chagres Capital según reveló la periodista Sol Lauría.
Cabe profundizar un poco más en el perfil de Roberto Brenes como autor. Es una de las caras más visibles de la FL, uno de sus más férreos impulsores. Aunque no ha entrado al ruedo político como candidato, Brenes siempre se ha mantenido cerca del poder en Panamá, ya sea directa o indirectamente a través de familiares. Es banquero, empresario cafetalero, inversionista, miembro de la Junta Directiva de la Bolsa de Valores –un requisito para recibir los créditos fiscales arriba mencionados era que la inversión se hiciera con emisiones en esta bolsa– y desde julio de 2024 es asesor del presidente José Raúl Mulino.
En otro artículo titulado “Los amiguetes de Chapman” Brenes hace alusión a determinadas agendas y descalifica a actores claros. Habla de la corrupción en el transporte con los cupos, en la Asamblea con el clientelismo, dirige todos los dardos de la corrupción a la clase dirigente y dice que esa corrupción "va más allá de darle una concesión a un amigo para una tienda en Tocumen". También descalifica a la izquierda, a sindicatos como el de la construcción Suntracs e incluso a la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), insinuando que el costo de la mano de obra debe tener apertura para mejorar los precios. En otras palabras, si la gente quiere pagar precios más bajos, los trabajadores deben cobrar cada vez menos porque el empresario no va a sacrificar un ápice de su ganancia.
Esta aspiración liberal se ha hecho realidad en Panamá. Para muestra solo unos datos proporcionados por el economista Juan Jované: la ponderación de los salarios en el Producto Interno Bruto ha bajado del 40% que tenía hace 25 años al 22%, casi la mitad. Esto se traduce en que, de cada dólar de ganancia, sólo 20 centavos corresponden a salario. Otro dato del que poco habla el gobierno: cómo en los últimos años la mayor carga del Impuesto Sobre la Renta la están llevando los asalariados por encima de lo que pagan todas las empresas instaladas en Panamá. Y para ser un hub financiero, logístico, de trasiego de mercancías y con presencia de tantas trasnacionales, este dato es demoledor.
Sin embargo, volviendo a los artículos, en otro titulado “Más populismo: menos democracia, menos libertad” critica los subsidios como populismo: “ya no son programas temporales de ayuda, ni subsidios focalizados, sino un torrente permanente de recursos, apelando más a conflictos sociales y a la politiquería, que a verdaderos incentivos para la superación del individuo. Lejos de estar manejados por operadores idóneos y con criterios racionales, todos los subsidios han ido cayendo en una confusa maraña de demagogia y corrupción, en que se malgasta casi todo” reza el escrito firmado también por Brenes.
¿Un gobierno libertario?
La llegada de José Raúl Mulino a la presidencia a mediados de 2024 ha arrastrado una corriente libertaria que se manifiesta intermitentemente en sus declaraciones, propuestas de ley, de políticas públicas y en la contención del gasto social, así como las ideas de recortar subsidios y privatizar o tercerizar servicios esenciales como la salud. Aunque Mulino no se declara abiertamente como libertario, o incluso como ultraderechista, episodios como la llamada de Mulino a Milei, los recortes sociales, el insulto a los más vulnerables, la alabanza a los privilegiados, el rechazo a una reforma fiscal progresiva y las credenciales de sus asesores, revelan que el pueblo panameño está ante un gobierno libertario disfrazado de “pro-empresa” que sirve a los ricos.
Esta investigación se hizo por el equipo de Ya es ya, capítulo panameño de Rebelión Científica.
