El arraigo que el mar se llevó

Desplazados costeros: así se vive (y vivirá) el éxodo climático en Panamá

A Olga, una mujer de 57 años que pesca para vivir, el sueño se lo robaron las olas. Después de tres décadas junto al mar, vio cómo las aguas se acercaban sin tregua. “Yo sabía que venía. El mar tocaba la puerta de la cocina”. Se mudó unos metros atrás, justo a tiempo. Días después, el mar derribó su antigua casa. “Perdí casa, sueños, todo”, dice. Ahora, la incertidumbre marca sus días. “No saber cuándo viene la marea con resaca, el peligro constante… no es una vida normal”. Años más tarde, el mar volvió a llamar a su puerta. “El mar nos está llevando”, repite, con una calma que no oculta la urgencia. Ya no duerme en paz.

Esta es la historia de una mujer panameña que vive en San José, una comunidad en la costa del Pacífico de Panamá, a apenas media hora de la capital. Al pueblo se le conoce popularmente como “Kosovo”, un nombre que, según los lugareños, surgió por los constantes conflictos entre sus habitantes. «Esto parece Kosovo, siempre están en guerra», comentó alguien alguna vez, y así quedó grabado en el imaginario colectivo el apodo de este poblado costero, ubicado en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Pero en este “Kosovo” panameño, la amenaza no son las bombas, sino el oleaje. Olga cuenta que el problema empezó en 2009. El mar cercó la comunidad, haciendo imposible un simple retroceso. Aquí viven niños, ancianos, personas con discapacidad.

Gerardo Batista, de 65 años, es otro testigo. Llegó a Kosovo cuando no veía el mar desde su casa, pero, con los años, empezó a atestiguar cómo “el mar iba comiendo y comiendo” la costa. En 2009, el mar se llevó su primera casa. En 2015, la inundación le llegó a la cintura a su esposa. Ambos viven recogiendo ostiones en una comunidad donde el 90% de los habitantes se dedican a la pesca. “Ese año dormimos una semana en hamacas por miedo a perder los enseres y muebles”.

Gerardo sabe que el cambio climático es un verdugo, pero también señala con el dedo las causas antropogénicas: la extracción indiscriminada de arena de las playas y ríos y los rellenos “en áreas como Paitilla” —en la capital panameña— que han acelerado la catástrofe.

Una catástrofe que, con lágrimas en los ojos, recuerda todavía Mariela Martínez: el día en que el mar se llevó todo. Perdió la casa en 2023 y lo recuerda como si hubiese sido ayer: “Salí con mis hijas un día antes… subimos las cosas y pensamos que el agua iba a entrar y salir, como era costumbre”. Pero cuando entró, no salió sola. Las lágrimas de sus hijas inundaron lo que quedaba. Perdieron todo: útiles, computadora, mochilas. “Es muy duro, como madre, hacer, como decimos, de tripas corazón”. Ahora vive alquilando fuera de la comunidad.

Hoy, con 49 años, Mariela es miembro activa de la organización de base comunitaria Salvando Comunidades Costeras, pero sigue viviendo con la misma zozobra. Mareas altas, marea máxima, la incertidumbre del mar de fondo o “resaca”, como le llaman, que son los movimientos del mar producidos como efecto de vientos que se originaron en áreas distantes.

Aún dentro de la zozobra y la necesidad de reubicarse, aman el lugar. “Es hermoso, todos nos conocemos”. Es un paraíso, como lo describen quienes saben que si no se van, el mar algún día los sacará. Allí no solo viven. Trabajan, juegan, conversan, rezan, lloran, ríen. Hacen comunidad. La geógrafa feminista Diana Ojeda concibe este arraigo como territorialidad, explicándola como la construcción histórica y colectiva que considera el profundo vínculo de un grupo poblacional con el lugar que habita. El arraigo -dice- se fundamenta en los lazos construidos por la sociedad con un territorio y está en constante transformación.

La conciencia de salir está a flor de piel. Lo vienen gritando estas comunidades hace al menos una década. Para Rosa, de 36 años, Kosovo no dura más de 3 años. Ella tiene una hija con discapacidad visual y se pregunta todos los días: “¿Para dónde va a correr mi hija si llega una marea?». La pesca artesanal, su sustento, tampoco le alcanza y su esposo está desempleado. ¿Y el Estado qué ha hecho? “Si te he visto no me acuerdo”, dice Rosa, lanzando un dardo a las autoridades que “brillan por su ausencia”. Para Olga, en cambio, las autoridades “no han hecho prácticamente nada desde 2009 a 2025”.

“Necesitamos urgentemente salir… el mar se está llevando todo”, clama Jeovany Alexander Méndez Santo, de 59 años. El drama se repite en las voces de sus vecinos. Una mujer, que prefirió mantener su anonimato, relata cómo perdió su casa a las cinco de la mañana durante un aguaje. “Un diputado nos dio un pedazo de manglar”, cuenta sobre el lugar donde ha vivido los últimos tres años, aún a la espera de una solución definitiva. Su futuro es incierto: “Si el gobierno no nos reubica, tendremos que ir a vivir debajo de los puentes”.

Esta cruda realidad contrasta con la imagen idílica que se promueve desde otros frentes. Para el sector inmobiliario, vivir frente al mar en el Pacífico panameño es sinónimo de tranquilidad, paz y seguridad. Esa postal publicitaria, sin embargo, es solo una capa de una realidad mucho más compleja, donde los lujosos edificios conviven —y a menudo colindan— con humildes casitas y ranchos a lo largo de los 1.700 kilómetros de esta costa.

Un litoral que, lejos de ser un mero escenario, es un territorio vital y vulnerable. Según datos del Ministerio de Ambiente, la costa pacífica de Panamá es irregular, con una amplia plataforma continental de declive gradual. Esta zona es un pilar socioeconómico, al concentrar actividades como el turismo, la pesca, la agricultura y la industria. También alberga un invaluable capital ambiental, con una diversidad de ecosistemas como manglares y playas. Precisamente aquí reside aproximadamente la mitad de la población nacional, gran parte en condiciones de pobreza extrema, como señala un diagnóstico oficial que cita a Rodríguez y Windevoxhel (1998). Esta convergencia de valor y fragilidad la hace excepcionalmente susceptible a los fenómenos climáticos extremos.

Así, el famoso Mar del Sur que Balboa “descubrió” en 1502 —entonces ruta del oro y la plata saqueados a América— hoy ejerce una fuerza distinta: no transporta riquezas, sino que empuja a la gente. El rugido lejano se ha convertido en un golpe furioso contra las puertas de las casas. Donde antes los niños jugaban y los adultos caminaban, ahora solo queda el avance imparable del agua salada.

Aumento del nivel del mar: inspección, estudios y pronósticos

Tras varios años de trabajo en las comunidades costeras del Pacífico, los colectivos feministas y ecologistas Espacio Encuentro de Mujeres (EEM), Espacio Feminista en Movimiento (EFM) y Ya es ya (capítulo panameño de Rebelión Científica Internacional) han documentado una profunda crisis ambiental que amenaza directamente la vida de sus habitantes.

A través de entrevistas y observación directa, identificaron que la extracción masiva de arena submarina es el principal detonante del desastre ecológico. Esta actividad ha alterado irreversiblemente los ecosistemas costeros y fluviales, degradando el acceso al agua, la biodiversidad y la estabilidad de las playas.

En San José “Kosovo”, los problemas que constataron incluyen:

• Pesca en crisis: robos a pescadores y una merma en la captura, atribuida a los químicos vertidos por una empresa, que también secan los manglares y matan especies como camarones y almejas. En 2023, una mortandad masiva de peces llenó la orilla de cadáveres.
• Infraestructura colapsada: el camino principal de la comunidad tuvo que ser desviado debido al embate del mar.
• Manglares en retroceso: una reducción sustancial de manglares, pese a los esfuerzos comunitarios por proteger los que quedan de la tala para carbón o venta.

Las mujeres costeras, encargadas además del trabajo no remunerado, dependen de la recolección de moluscos, una “fortaleza” que el mar les brinda y que ahora está en peligro. Aunque la población es consciente de su conexión vital con el manglar y el mar, la vulnerabilidad es extrema frente a la doble amenaza: la extracción de arena y el aumento del nivel del mar.

Un estudio reciente de la Universidad Tecnológica de Panamá y la Senacyt calcula aterradoras tasas de erosión costera en zonas cercanas. En Playa San Carlos, a unos 70 kilómetros de Kosovo, el mar se perderá 10.52 metros por año; en Playa Caracol, a unos 60 km de Kosovo, se perderán 38 m de costa al año y en Playa Farallón, a unos 90 km del punto de referencia, se perderían un poco más de 47 m de costa al año. En resumen, las tres zonas que estudiaron en el Pacífico son vulnerables a los efectos del cambio climático: “particularmente las áreas de Playa Caracol y Playa Farallón”, pero también Punta Chame.

La “tierra dividida” —como llamó el escritor David McCullough al istmo panameño, partido en dos en 1904 para construir el Canal de Panamá— está clasificada con un nivel de vulnerabilidad “severo” ante el cambio climático. Vale recordar aquí por qué los franceses no pudieron culminar el canal a nivel que tanto soñaron, que les costaría menos que el que se terminó haciendo por esclusas y que no hubiera llegado a la crisis por la demanda de agua dulce: el alto nivel de erosión del suelo en un país de apenas 80 km de norte a sur en su franja más angosta y atravesado por 500 ríos. Los deslaves eran cosa de todos los días cuando se construyó el canal, e incluso fueron la causa de la mayoría de las muertes de obreros durante su construcción.

Esto significa que la vulnerabilidad de Panamá frente al cambio climático se ve agravada por las características de sus suelos. El diagnóstico oficial de riesgo climático de 2023 identifica que el peligro de inundaciones y erosión costera depende fundamentalmente de factores marinos: el oleaje, la marea meteorológica, la marea astronómica y el aumento del nivel medio del mar. A estos se suma la contribución de factores terrestres, como la precipitación y el caudal de los ríos, que pueden exacerbar las inundaciones en las zonas costeras.

Pero esta erosión no es solo un fenómeno climático, también es exacerbada por la acción humana en ciertas áreas. En la Bahía de Chame, también en el Pacífico panameño, la Isla Taborcillo —conocida popularmente como la Isla de John Wayne por haber “pertenecido” en el pasado al famoso actor estadounidense— se ha reducido en un 40-50% desde los años 70. Moradores y pescadores denuncian la extracción de “cientos de miles de toneladas de arena” por más de 18 «bachas» (barcazas), agravando el aguaje y los fondos de mar, sin que ese daño se traduzca en mejora alguna para las comunidades afectadas. Isidoro Martínez, de Punta Chame, corrobora que son golpeados por mareas altas constantemente, quedando incomunicados al menos dos veces. También dice que se llevan miles de toneladas de arena, por lo que pide conservar las áreas costeras potenciando el turismo.

Bahía de Punta Chame, Pacífico panameño.

EEM, EFM y Ya es ya, los colectivos que visitaron el área, también notaron que la resistencia comunitaria no ha logrado detener la multiplicación de las barcazas areneras, que violan el derecho a un ambiente sano y socavan la sostenibilidad. El territorio, según los testimonios que recabaron, se ha reducido drásticamente. Un proceso de desposesión que incluye la pérdida física de la punta por la extracción y la desviación del río Chame para proyectos de relleno y venta de tierras, alterando ecosistemas vitales para la pesca. Existen 13 solicitudes de extracción que afectan directamente a esta zona.

Las consecuencias son tangibles: el acceso terrestre por carretera se fractura con las mareas altas, forzando la construcción de muros de contención como barrera temporal. La mayor amenaza es que la carretera sea destruida por el oleaje, aislando de nuevo a Punta Chame. Pese a estos riesgos conocidos, avanzan proyectos turísticos que aumentan la vulnerabilidad, especialmente en Caracol. La comunidad describe un «cambio devastador» que podría llevar a la desaparición del lugar.

Un problema de escala nacional

Un estudio con la Universidad de Cantabria, España, proyecta un ascenso del nivel del mar entre 0.56 y 0.76 metros en los próximos años, impactando zonas desde Bocas del Toro, al noroeste del país, hasta la Comarca Guna Yala, al centro-norte, pasando por Puerto Caimito y Punta Chame, esta última ha retrocedido 16% su línea costera en los últimos 20 años, elevándose esta pérdida al 84% en su parte suroccidental de acuerdo con otro estudio de la Universidad Tecnológica de Panamá y ESRI.

Este problema se replica en todo el país. Un estudio de 2020 de Fundación Wetlands International, el “Diagnóstico de la Situación de Pérdida de Línea Costera y su Impacto en los Medios de Vida de la Comunidad de Garachiné, Distrito de Chepigana, Provincia de Darién”, da cuenta de 35.57 metros de tierra costera perdidos entre 1984 y 2019, y advierte que “de no implementarse acciones que contrarresten los efectos de la erosión costera en Garachiné, el nivel de afectación aumentará con un avance cada vez mayor de la línea de costa”, con una tasa de regresión plasmada en el estudio (la tasa de regresión lineal LRR para erosión resultó en aproximadamente -0.94 metros/año). ¿Las causas allí?: acciones antropogénicas como las construcciones de viviendas cerca de la línea costera, la deforestación de los manglares y las extracciones de grandes cantidades de arena y piedras.

Ligia Castro de Doens, primera directora de Cambio Climático en el Ministerio de Ambiente en la pasada administración gubernamental (2019-2024), advirtió en su momento que las poblaciones costeras más pobres “podrían convertirse en refugiados climáticos”. En ese momento, Castro declaró que “el agua de mar penetrará en zonas cada vez más alejadas de la costa, lo cual puede generar consecuencias catastróficas como la erosión, las inundaciones de humedales, la contaminación de acuíferos y de suelo agrícola, y la pérdida del hábitat de peces, biodiversidad, infraestructuras y forzará a todas las regiones costeras a adaptarse”.

En el documento “Riesgo del Cambio Climático, precipitación, temperatura, aumento del nivel del mar. 2030, 2050, 2070”, publicado en 2023, MiAmbiente proyectó que, para el año 2050, el aumento del nivel del mar podría inundar el 2.01% del territorio nacional. Esta amenaza afectaría de manera significativa a la totalidad de los cinco distritos de la provincia de Panamá Oeste —donde se ubican las comunidades de San José («Kosovo») y Punta Chame—, así como a 55 de los 83 distritos restantes en las demás provincias y comarcas del país.

Las proyecciones indican un ascenso estimado del mar entre 0.22 metros en el Pacífico y 0.30 metros en el Caribe para 2050. Entre las zonas identificadas como de mayor impacto se encuentran: Isla Carenero, Changuinola y Bastimento (Bocas del Toro); el área turística de Boca Chica y Pedregal (Chiriquí); Kusapin y Tobobe (Comarca Ngäbe Buglé); Río Hato, Natá y Aguadulce (Coclé); París, Parita y Llano Bonito (Herrera); Isla Iguana (Los Santos); Portobelo y Santa Isabel (Colón); La Palma y Garachiné (Darién); Punta Chame y Playa Leona (Panamá Oeste); Tocumen y Juan Díaz (Panamá); y todas las islas de la Comarca Guna Yala.

El estudio incluso recomienda la necesidad de establecer políticas para los desplazados climáticos costeros en Panamá, subrayando que deben ser adaptadas a las características de cada región, ya que poseen alta variabilidad espacial entre ellas, así como distintas morfologías, condiciones dinámicas marinas y fenómenos climatológicos extremos propios.

El desplazamiento climático afectó primero a Gardi Sugdup, en la comarca Guna Yala, en el Caribe panameño. Los habitantes de esta isla fueron etiquetados como los los primeros desplazados climáticos del continente. Ahora le seguirían los San José, el “Kosovo” del trópico en el Pacífico. Y así se espera que pase con más comunidades apostadas a ambos mares, en los 3,000 kilómetros de costa que tiene el país.

Futuro incierto para potenciales desplazados climáticos

El arraigo que el mar se llevó –y se sigue llevando– en estas comunidades es entonces un espejo en el que puede mirarse todo Panamá. La pregunta no es si otras comunidades seguirán este éxodo, sino cuándo. Y si para entonces el Estado habrá aprendido a escuchar, no solo el rugido del mar, sino el clamor de su gente. Pero más que eso, importará cómo y cuándo actuará.

Juana Camargo, socióloga y feminista del colectivo Espacio Encuentro de Mujeres, quienes han acompañado a esta comunidad, explica que en los últimos años han tenido muchas inundaciones por mareas altas, algo que se agrava justo cuando hay mar de fondo. Sectores de la comunidad necesitan ser desplazados porque “esto ya ha destruido varias casas; el temor que hay es que esto pueda escalar a un evento más violento y ellos piensan que deben ser desplazados pronto”.

Susana Serracín, abogada ambiental que hace parte del colectivo Ya es Ya, recuerda el deber constitucional del Estado en el artículo 17: preservar la vida y bienes de las personas. “El Estado debe darse a la tarea de conformar una mesa técnica interinstitucional, porque estos no son los primeros ni serán los últimos”, afirma. «Se necesita una hoja de ruta para alcanzar soluciones precisas, claras y concretas».

Los residentes de San José hablan de dos propuestas de reubicación, pero la burocracia y la falta de voluntad política las mantienen en el limbo. Mientras el Ministerio de Ambiente trabaja en un Protocolo Nacional de Reubicaciones Planificadas -que aún no está listo- y una copiosa agenda de adaptación climática, las comunidades costeras temen que las respuestas no lleguen a tiempo, o peor aún, que se queden en los escritorios de los funcionarios ante la gran pregunta: ¿Quién asumirá el costo del desplazamiento?

Le hicimos esta pregunta al Ministerio de Ambiente, quienes contestaron que «el financiamiento de las reubicaciones planificadas es un tema central que se está abordando de manera estructural dentro del Protocolo Nacional actualmente en elaboración. El objetivo es avanzar hacia una planificación anticipada y plurianual, que permita identificar necesidades con tiempo y evitar respuestas improvisadas o fragmentadas». Luego añadieron que «el enfoque no se limita únicamente al presupuesto nacional. También se contempla la articulación con mecanismos de financiamiento vinculados a la gestión del riesgo de desastres, la adaptación al cambio climático y la cooperación internacional». Una manera muy diplomática de decir que aún no lo saben.

Pero Olga, Mariela, Isidoro, Gerardo y muchos otros ya están pagando el costo del olvido y la inacción estatal. Un miedo que los carcome mientras, como denuncia Rosa Vásquez, las entidades gubernamentales “están paseando en aviones privados de lujo. Buscan el voto y se olvidan”.

“Kosovo” es el epicentro de una emergencia nacional. El mar no negociará. Las autoridades panameñas —al menos en los niveles medios técnicos— están conscientes del problema y han sido coautores del diagnóstico: Panamá es uno de los países con mayor vulnerabilidad al cambio climático. El Ministerio de Ambiente tiene funcionarios loables que entienden el problema dentro de una dirección de cambio climático que apenas se estrenó hace unos pocos años. Hay informes del Mides, de Salud, de varios estamentos que llegaron al lugar en 2009, en 2015 y en 2023 al sitio para apaciguar los daños.

Pero las comunidades temen que la burocracia mengüe la respuesta. Necesitan acción ya. ¿Cómo es posible que el país que resonó por tener los primeros desplazados climáticos no sepa todavía qué hacer con los cientos más que vendrán?

Concretamente, las comunidades demandan del Gobierno panameño:

• Que convoque de inmediato una mesa técnica interinstitucional para la reubicación urgente de las familias de Kosovo y demás comunidades costeras en riesgo inminente.
• Que asigne los recursos y terrenos necesarios para un reasentamiento digno, con viviendas, infraestructura y garantías para mantener sus medios de vida.
• Que fiscalice y prohíba la extracción indiscriminada de arena que acelera la erosión y beneficia a unos pocos a costa de comunidades enteras.
• Que acelere la implementación del plan nacional de adaptación climática con presupuesto, cronograma y metas claras.
• Hacer un llamado a bancos y aseguradoras para que sean más cuidadosos de financiar proyectos en estas áreas inundables costeras.

La gran interrogante sigue siendo quién asume el costo de los traslados, las nuevas tierras requeridas, la construcción de las casas. Para los 1,351 isleños de la Isla guna Gardi Sugdub, que fueron trasladados en 2025 a una urbanización de 300 casas en Isberyala o Nuevo Cartí, en el distrito de Narganá, a unos 4 kilómetros de la isla, la construcción fue asumida por el gobierno de Laurentino Cortizo Cohen. Sin embargo, no todo es color de rosa. Las denuncias de desarraigo y no respeto a la cosmovisión guna durante la construcción de la barriada, de falta de lugares para disponer la basura, de la incompatibilidad del estilo barriada con la forma comunitaria de vida de los gunas no llamó tanto la atención de los medios como el traslado en sí.

Hay al menos dos propuestas de terrenos, según los residentes de «Kosovo»: una de un representante y otra de un terreno que un empresario les ha ofrecido por 1.8 millones de dólares —oferta con fecha de caducidad— para la reubicación. Adicionalmente, habría que construir las casas, el alumbrado, la conexión de agua y demás. Pero Kosovo encuentra a sus habitantes con un gobierno distinto. El de José Raúl Mulino se ha declarado abiertamente proempresa, reduciendo significativamente el gasto social. Sus políticas de tierras: desalojos forzosos, venta de tierras estatales, privatizaciones —y cuando el socio no quiere asumir el riesgo— entonces concesiones y asociaciones público-privadas. Con este contexto, la sola pregunta podría desatar la ira de altos empresarios -ahora devenidos en funcionarios- que odian el gasto social a menos que no sea el que subsidie sus ganancias.

Aun así, el Estado no puede eludir su responsabilidad. Susana Serracín, abogada con amplia trayectoria en el derecho ambiental en Panamá, resalta que el Estado está llamado a preservar la vida, honra y bienes de los nacionales y extranjeros que vivan en su territorio. Siendo así, reitera que se necesita una hoja de ruta para alcanzar soluciones precisas, claras y concretas en el tiempo… “Este es un tema complejo, porque implica riesgo a la vida, la integridad, la seguridad humana, la calidad de vida, la seguridad alimentaria, garantizar trabajo, por ende necesita un análisis serio”.

El “Kosovo” panameño demuestra que urge reemplazar el miedo por una política climática que no rehúye las preguntas difíciles, que invierta y extienda la cobertura del Estado a todos, especialmente a las comunidades costeras que viven en los 3,000 kilómetros de costas que bañan el país. Colombia dio un paso inicial muy importante recientemente aprobando desde el Congreso una ley que reconoce a los desplazados climáticos, siendo el primer país de Latinoamérica en hacerlo.

Panamá, con sus 3,000 kilómetros de costa podría ser ejemplo regional no solo en la teoría -con la ley- sino también en la práctica. El otro camino sería presenciar cómo las olas se llevan el suelo bajo los pies, casa por casa, sueño por sueño. Y esa es una historia que nadie quisiera volver a escribir.

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Este reportaje es un trabajo colectivo fruto de la organización de las comunidades de San José, Puerto Caimito y Punta Chame y colectivos sociales. Su publicación se da en alianza entre el sitio de investigación periodística Con las manos en la data y Ya es Ya, capítulo panameño de Rebelión Científica Internacional.

También aportaron a este trabajo los colectivos Espacio Encuentro de Mujeres (EEM), Espacio Feminista en Movimiento (EFM), el colectivo Salvando Comunidades Costeras y la organización de base comunitaria «Comité frente al riesgo ecológico»