En 2023 Panamá se levantó en masa para protestar en contra del contrato minero firmado entre el gobierno panameño y la canadiense First Quantum, que extrajo hasta finales de ese año cobre, oro y plata, además de otros minerales diluidos en el concentrado que sacaron de los tajos ubicados en Donoso, al norte del país, un área que está dentro del Corredor Biológico Mesoamericano.
El contrato fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema panameña, quien el 27 de noviembre de 2024 estableció en su fallo la violación de al menos 25 preceptos de la Carta Magna, suspendiendo las operaciones de la empresa. Sin embargo, FQM y su filial local Minera Panamá siguen estacionadas en el enclave minero esperando renegociar con el nuevo gobierno para reabrir la mina. Tampoco se descartan ventas, cesiones y/o nuevas concesiones que los gobiernos locales están dispuestos a crear para torcer la voluntad que expresó el pueblo panameño en las calles: la prohibición total de la megaminería en Panamá.
Y así como la industria extractiva no descansa, la resistencia antiminera también sigue en pie.
